
Quizás se pregunten donde esta la contradicción y porque mi necesidad de exigir una explicación. Pues bueno, mi necesidad de respuesta pasa fundamentalmente por la capacidad que tienen las autoridades de nuestro país para, frente a situaciones similares, tener reacciones, respuestas y argumentos diferentes. Explico:
Diferentes miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, pertenecientes a la Concertación, señalaron su total rechazo a la organización de un congreso nazi en Chile (con lo cual, por cierto, estoy de acuerdo). Alguno de sus argumentos fueron: “(...) atentaba contra la democracia”. Incluso en el Senado, en sesiones ordinarias realizadas durante el mes de julio del presente año, se ha propuesto una sesión especial para discutir la inconstitucionalidad de grupos violentistas y se solicito la cancelación de Alexis López al debate del proyecto de ley de lucha contra la discriminación. Lo anterior fue a petición del Senador Carlos Ominami, y compartido por otros senadores[1]. El Senador Ominami señalo que “a los delincuentes se les debe enfrentar y combatir”. Y respecto a estos grupos “conforman claramente, por sus actuaciones, asociaciones ilícitas que deben ser combatidas con el máximo rigor mediante todas las armas de la ley”. El senador Naranjo manifestó que “grupos que propician políticas y acciones violentas e incurren en delitos gravísimos no se les puede dar legitimidad”. Las mismas afirmaciones anteriores han sido compartidas por miembros del Poder Ejecutivo, en relación a estos grupos violentistas. Antes de seguir, debo señalar que estoy totalmente de acuerdo con sus argumentos morales, doctrinales, legales y otros “ales”.Pero mi problema existencial es porque no aplicar la misma lógica a este “congreso” del FPMR. Si entre sus “invitados” figuran representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de Colombia; del Partido Comunista y de organizaciones indígenas de Ecuador y Bolivia, del movimiento Quebracho de Argentina, Tupac Amaru de Perú y Los Fogoneros de Uruguay, entre otros famosos. Todos grupos que, de acuerdo a sus mismas declaraciones de principios, señalan como elementos fundamentales de su funcionamiento el uso de la lucha armada para lograr sus fines. De esta manera, actúan, en sus países de origen, al margen de la legalidad, colocando en riesgo los gobiernos elegidos democráticamente, creando caos y desorden tanto para los gobernantes como para los gobernados, quienes ven amenazadas la paz y la seguridad interna de su país. Es mas, muchos de estos grupos hoy tienen vinculaciones con el narcotráfico y son autores de diversos actos ilícitos (por ejemplo, secuestros) con el fin de financiar sus “actividades”. Ello sin mencionar el gran numero de vidas que sus actos han cobrado.
Por todo lo anterior es que me asombro (por decir lo menos) el ministro Belisario Velasco al señalar que "este es un país donde estamos en democracia y pueden reunirse las personas que cumplan con la ley y la constitución". Y agrego que “si llega gente que rompe esas reglas o que tiene problemas con la justicia aquí o en su país será detenida o si comete un delito será puesto a disposición de los tribunales y luego expulsados del país".
OK. Recordatorio para el Ministro:
1. Estos grupos no cumplen ni con la ley ni con la Constitución. De echo nuestra Carta Fundamental, en relación al derecho de asociación, establece, en su artículo 19 nº 15 que "Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.”
Lo anterior, sin contar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, que establece que no se puede usar la democracia para promover la violencia, el racismo, el odio.
2. La mayoría de quienes puedan asistir a este “congreso” tiene problemas con la justicia, sino aquí en Chile, si en su país.
Podría colocar otros recordatorios, pero creo que no es necesario seguir. Simplemente espero que las autoridades de nuestro país sean consecuentes con sus dichos, no solo los recientes, sino también con declaraciones anteriores. Mal que mal, la violencia que cualquier grupo, de izquierda, derecha, centro, etc, propicie, no hace sino mermar las bases de nuestro Estado de Derecho, cuyo balance no siempre es fácil mantener.
[1] Valparaíso 04/07/2006 Departamento de Prensa